Navarra invierte apenas el 0,3% de su PIB en vivienda pública

El notable incremento del gasto realizado en los últimos años no basta para cubrir una demanda creciente: el número de hogares crece el doble que el de vivienda nueva. Proyecto 21 está realizando un estudio sobre la implantación en Navarra de nuevas fórmulas de promoción de vivienda asequible.

Juan Ángel Monreal. DIARIO DE NOTICIAS. 25·11·23 |

La vivienda está muy lejos de ser una de las grandes prioridades presupuestarias del Gobierno de Navarra. Lo dicen los números de los últimos años que, pese a reflejar un sensible incremento en el gasto, situaron en 70 millones de euros en 2022 la inversión total del Departamento de Vivienda y de Nasuvinsa. Apenas un 0,3% del PIB de la Comunidad Foral.

Incrementar de manera sensible esta cantidad será una de las batallas que, con toda seguridad, afronte la nueva consejera de Vivienda del Gobierno de Navarra en la elaboración de los próximos presupuestos de 2024. “Es imprescindible la inversión pública en vivienda. Sin dinero ni las mejores ideas van a tener recorrido”, explicaba la propia Begoña Alfaro a las pocas semanas de tomar posesión, adelantando el que será, seguramente uno de los temas claves de los próximos años. Aportar dinero para atender una demanda de vivienda asequible que no deja de crecer y a la que no está resultando nada sencillo responder.

De hecho, la inversión pública en vivienda, que Yolanda Díaz planteó elevar hasta el 1% del PIB durante la última campaña electoral, ha crecido de manera sustancial en Navarra en los últimos años. Si en 2019 el presupuesto del Departamento de Vivienda era de apenas 39,83 millones de euros (frente a los 46,4 millones de 2012-2015), el año pasado creció hasta 66,77 millones, de los que se ejecutaron, eso sí, únicamente 46,41 millones de euros. En 2023, el presupuesto creció levemente, hasta los 69,6 millones de euros.

A estas cifras cabe añadir la inversión que realiza Nasuvinsa, la empresa pública del área de vivienda que el año pasado ejecutó algo más de 23 millones de euros, la cifra más alta de la última década, y que será superada durante este mismo ejercicio, con una inversión ya ejecutada hasta septiembre superior a los 25,3 millones de euros. En 2015, al final del mandado de UPN, la inversión ejecutada por Nasuvinsa apenas llegaba a dos millones de euros. Se ha multiplicado, por tanto, por diez en apenas ocho años.

Todo ello ha resultado sin embargo insuficiente para intervenir el mercado de una manera contundente y controlar el alza de los precios. Quizá porque la demanda no deja de crecer. Si entre 2021 y 2022, se crearon en Navarra unos 7.700 nuevos hogares, solo se terminaron 4.573 nuevas viviendas, de las que solo 603 tenían la condición de protegidas. Apenas se ha construido, por tanto, vivienda asequible para dar respuesta a un censo de solicitantes de viviendas que no ha hecho sino crecer y en el que figuran inscritas ya unas 14.000 personas que demandan sobre todo alquiler, pero también vivienda en propiedad de forma creciente.

Al explicar esta escasez de vivienda, todas las miradas se dirigen al suelo. A su precio, que dispara el coste total de la vivienda, y a su escasez, según los constructores y promotores. El Gobierno es consciente de ello y ya trabaja en varias medidas de bajo coste presupuestario, pero que permitirían aumentar la oferta suelo disponible: una de ellas, una modificación de la ley del suelo para poder construir “vivienda asequible” en suelos que actualmente tienen la categoría de dotacionales, pero donde no existe necesidad acreditada de infraestructuras de este tipo.

El programa más ambicioso del Gobierno de Navarra, conocido como Navarra Social Housing, pretende crear un parque de vivienda pública en alquiler que nacerá con 1.330 viviendas. Ponerlo en marcha ha requerido, sin embargo, financiación europea a través de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones, que aporta 40 millones de euros “en condiciones ventajosas”. Junto a ello, la Bolsa de Alquiler de Nasuvinsa de pisos en desuso cedidos por titulares particulares, que en estos últimos siete años casi ha duplicado las viviendas adscritas, pasando de las 475 existentes en 2015 hasta las 902 actuales.

Otras medidas, que sí tienen coste presupuestario directo, no han sido sin embargo aplicadas en los últimos años. Así, el derecho de tanteo y retracto (la recompra de vivienda pública) contaba con una partida presupuestaria de solo un millón de euros en 2022, suficiente para comprar apenas cuatro o cinco viviendas. Durante la última década, y desde el Departamento de Vivienda, tampoco se ha destinado dinero relevante (apenas 600.000 euros) a la adquisición y promoción de suelo.

Los partidos que apoyan al Gobierno han tramitado asimismo otra medida de escaso coste que puede servir para ampliar de modo relevante, hasta en 60 viviendas, el parque de alquiler gestionado por Nasuvinsa. Han planteado modificar la Ley del Impuesto Sociedades para que las empresas que cedan a Nasuvinsa sus viviendas en propiedad puedan acceder a las bonificaciones que recoge el artículo 93 del tributo.

Fuente: Diario de Noticias (Edición digital del 25/11/2023).